Se logró unificar criterios sobre Protección de Testigos y Fondo de Recompensas

En la sesión ordinaria del jueves 1 de octubre de 2015 de la Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Fe, presidida por el diputado justicialista Luis Rubeo (BJS-FV), presidente del cuerpo legislativo, con 34 diputados y diputadas presentes y 16 ausentes, por 33 votos afirmativos, ninguna abstención y ningún voto negativo, se aprobó sobre tablas el Proyecto de Ley (Expediente 30379 JS-FV) suscripto por el diputado justicialista Leandro Busatto (BJS-FV), que consta de 50 artículos cuidadosamente elaborados juntamente con el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Juan Lewis; el Fiscal General Julio de Olazábal; el Ministerio Público de la Acusación y el senador provincial radical Hugo Marcucci (UCR-FPCS-La Capital); por el cual se crea el “Programa Provincial de Acompañamiento y Protección de Víctimas y Testigos y el Fondo Provincial de Recompensas” en el ámbito de la Provincia de Santa Fe, para procesos penales; con el objetivo de “resguardar la integridad de las personas que acceden a dar testimonios fundamentales en procesos judiciales de importancia”, y, para ello, se procede a la articulación de medidas como “custodia personal o domiciliaria, asistencia, acompañamiento, alojamiento temporario, cambio de domicilio y suministro de medios económicos para diferentes situaciones”; comunicándose la media sanción al Senado para su estudio, tratamiento y sanción definitiva.
 
Se pretende, al instituir un sistema integral que permita la resolución acabada de las investigaciones y causas judiciales en la Provincia de Santa Fe, mediante la creación de un Programa de Acompañamiento y Protección de Víctimas y Testigos y un Fondo de Recompensas, el amparo del Estado a querellantes, testigos y víctimas de delitos, como así también el incentivo estipulado para aquellas personas que colaboren en el esclarecimiento de ilícitos, respondiendo a la necesidad de proteger a los santafesinos y garantizar el debido funcionamiento de nuestro sistema de justicia.    
 
Se extiende la protección del Estado no sólo a testigos y querellantes sino también a víctimas que pueden resultar el blanco de ataques y agresiones y, además, el Programa abarca a personas que intervengan en todo tipo de causa judicial, sin limitación a ciertos tipos de procesos penales. Asimismo, se amplía dicha protección a aquellas personas que han contribuido al avance de una investigación penal sin participar formalmente de un proceso judicial.
 
El Fondo de Recompensas, por su parte, resultará una herramienta útil para la resolución de delitos que, ante la ausencia de tal incentivo, quedarían irresueltos. A diferencia de otros proyectos, se limita la posibilidad de ser beneficiario del Fondo a aquellos que no hayan participado en el delito investigado. Por lo tanto, el sujeto que provea información sensible y útil para el caso, podrá ser adjudicatario del Fondo de Recompensas, con la condición de no haber participado en el ilícito.
 
Se crea, en el ámbito de la Legislatura de la Provincia de Santa Fe, la Comisión Bicameral para el seguimiento y control de la aplicación de la presente Ley; fundamentó, en líneas generales, el diputado justicialista Leandro Busatto (BJS-FV) el Proyecto de Ley (Expediente 30379 JS-FV) de su autoría, luego de un trabajo conjunto del que participaron: el senador radical Hugo Marcucci (UCR-FPCS-La Capital) y otros, incluso el Fiscal General del Ministerio Público de la Acusación de la Provincia de Santa Fe, Julio de Olazábal, y el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Juan Lewis; a través de 50 artículos cuidadosamente elaborados, aprobado por unanimidad y sobre tablas en la sesión ordinaria del jueves 1 de octubre de 2015 de la Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Fe, comunicándose la media sanción al Senado para su estudio y sanción definitiva; no sin antes aclarar que “la iniciativa tuvo como inspiración el caso de Silvia Suppo, quien fue asesinada en su comercio en el centro de Rafaela” en un confuso hecho denunciado por la agrupación HIJOS como “asesinato político”, porque ella era testigo clave de la causa que se llevaba adelante contra el juez federal Víctor Brusa por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar.
 
Publicado: 01/Octubre/2015

Fuente: Susana Goris

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