Para Bonfatti, “la seguridad privada necesita el control del Estado”

Las comisiones de Seguridad Pública, de Presupuesto y Hacienda y de Asuntos Constitucionales y Legislación General de la Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Fe, desde la sesión extraordinaria del miércoles 16 de diciembre de 2015, estudian el Proyecto de Ley (Mensaje 4432) (Expediente 30591 PE) del ex gobernador de la Provincia, Antonio Bonfatti (PS-FPCS), hoy diputado provincial socialista y presidente del cuerpo legislativo, ingresado por mesa de movimiento el 10 diciembre de 2015, por el cual, a través de 54 artículos cuidadosamente elaborados juntamente con el ex ministro de Seguridad, Raúl Lamberto (PS-FPCS), pretende regular la prestación privada de servicios de seguridad, la que incluye investigación, vigilancia y custodia de personas y bienes dentro del territorio de la provincia.
 
La seguridad privada es una actividad que debe ser controlada por el Estado, y ante el incremento de dicha actividad, no sólo se debe intensificar el rol de contralor estatal sino que también debe adecuarse el mismo a los tiempos que corren mediante la sanción de leyes y normas reglamentarias. Al día de la fecha, la prestación de estos servicios está regulada por la resolución 521/1991 del Ministerio de Seguridad y el decreto provincial 62/1999. Ambas normas, si bien implicaron un importante avance cuando fueron dictadas, hoy distan de ser las herramientas adecuadas con las cuales el Estado pueda realizar en forma eficiente su deber de control.
 
No sólo ha aumentado la prestación de estos servicios y la cantidad de empresas prestatarias, tornándose así necesario mejorar el control por parte del Estado sobre los prestadores y su personal, sino que, además, hoy en día la seguridad en el ámbito privado se encuentra dirigida a prevenir eventuales delitos que pudiesen afectar a particulares. Asimismo, se ha transformado en un servicio más que otorgan determinadas instituciones o comercios para atraer a sus potenciales clientes.
 
Pese a los Proyectos de Ley que fueron presentados, entre los cuales se destacan el elaborado por la diputada provincial Alicia Gutiérrez (SI-FPCS) y el elaborado por el senador justicialista Eduardo Rosconi (BJ-Caseros), ninguno ha logrado sanción por parte de la Legislatura Provincial, y, pese al notable avance legislativo en otras Provincias, Santa Fe es una de las pocas que aún no tiene una Ley que regule estos importantes servicios. La multiplicación de empresas prestatarias, el aumento de la prestación de los servicios y la total ausencia de marco legal hacen que sea imprescindible el inmediato dictado de una Ley.
 
Esta iniciativa, en primer lugar, estipula que los servicios de seguridad, vigilancia y custodia de personas y bienes son considerados de interés público. Por tanto, toda contratación que exista de este tipo de servicios que incluya cláusulas o condiciones contrarias a la Ley, se considerarán nulas e inexistentes. Los sujetos contratantes de estos servicios jamás podrán contradecir o disminuir las obligaciones y deberes que esta norma les impone.
 
Se destaca la creación legal del Registro de Prestadores de Seguridad Privada, donde se asentarán los datos de los prestadores y sus actividades. Se determina, además, en otros artículos, las modalidades de contratación del personal de vigilancia, incompatibilidades e inhabilidades, y los requisitos para la obtención de la habilitación, como así también las funciones del Director Técnico.
 
Se regula lo referido a la prestación de los servicios de seguridad privada con uso de armas de fuego y la capacitación del personal de vigilancia en las instituciones educativas autorizadas a tal efecto a través de programas establecidos a tal fin. Se crea el régimen sancionatorio, otorgándose a la Dirección respectiva un amplio Poder de Policía, prácticamente inexistente bajo las anteriores normativas. Se otorga la posibilidad de aplicar una gama de sanciones en proporción a las infracciones cometidas por los sujetos intervinientes, como por ejemplo: apercibimiento, inhabilitaciones temporales, cancelación definitiva de la habilitación y multas.
 
Se amplía el ámbito de competencia de la Dirección Provincial de Autorizaciones, Registro y Control de Agencias Privadas de Vigilancia e Informaciones Particulares, que podrá aplicar sanciones contra personas y/o empresas que brinden servicios sin la habilitación correspondiente, y sobre las personas y/o instituciones que contraten con empresas no habilitadas. Incluso la Dirección podrá aplicar medidas precautorias para garantizar la adecuada instrucción de los procedimientos, evitar la continuación de las infracciones o para asegurar el cumplimiento de las sanciones que aplique.
 
Se crean diferentes Tasas que deberán abonarse para la realización de trámites ante la Dirección, lo cual otorgará al Estado de más fondos para que aquélla pueda ejercer las funciones correspondientes. En definitiva, esta Ley se adecua a los tiempos actuales en los que la prestación de servicios de seguridad privada se ha tornado un servicio frecuente; fundamentó el diputado socialista Antonio Bonfatti (PS-FPCS), presidente de la Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Fe, el Proyecto de Ley (Mensaje 4432) (Expediente 30591 PE) de su autoría que consta de 54 artículos, elaborado en su antigua condición de gobernador de la Provincia juntamente con el ex ministro de Seguridad, Raúl Lamberto, presentado el 10 de diciembre de 2015 por mesa de movimiento y que estudian las comisiones de Seguridad Pública, de Presupuesto y Hacienda y de Asuntos Constitucionales y Legislación General desde el miércoles 16 de diciembre de 2015, fecha de la primera sesión extraordinaria del cuerpo legislativo. Vale aclarar que no ha sido incluido, todavía, en el temario de asuntos de interés del actual Período de Sesiones Extraordinarias.
 
Publicado: 21/Abril/2016

Fuente: Fernando Brosutti

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