Enrico suma nuevos apoyos para “el desbaratamiento de kioscos de drogas”

El senador provincial radical Lisandro Enrico (UCR-FPS-Gral. López); junto en la fotografía exclusiva del Diario Digital El Protagonista Web al ministro de Seguridad de la Provincia de Santa Fe, Maximiliano Pullaro (NEO-UCR-FPCS), el vicegobernador Carlos Alcides Fascendini (NEO-UCR-FPCS) y otros, en ocasión del “reconocimiento por parte del Senado a la tarea realizada por los efectivos de la Policía de la Provincia de Santa Fe”; acompañado de sus pares del Bloque Frente Progresista Sur: senadores radicales Germán Giacomino (UCR-FPS-Constitución) y Hugo Rasetto (UCR-FPS-Iriondo), y de los 11 senadores del Bloque Justicialista, no así de los 5 senadores del Frente Progresista Cívico y Social (Felipe Michlig, Orfilio Marcón, Rodrigo Borla, Miguel Cappiello y Emilio Jatón), ingresó sobre tablas el Proyecto de Ley (Expediente 32560 FPL) de su autoría, en la sesión extraordinaria del jueves 31 de marzo de 2016, para su tratamiento en el actual Período Sesiones Ordinarias, a través del cual, y mediante 12 artículos cuidadosamente elaborados durante varios meses, impulsa “el desbaratamiento de kioscos de venta de drogas” y, para ello, propone una “herramienta procesal” que permita que la justicia ordinaria provincial intervenga en hechos delictivos relacionados con el narcotráfico, sin necesidad de “esperar por una justicia de excepción como es la justicia federal que no tiene ni la extensión ni los recursos funcionales para tal fin”, en atención a que “se ha masificado en todas las localidades santafesinas, con locales que se presentan como simples comercios o en casas comunes”.
 
En el mismo sentido, el Concejo Deliberante de la ciudad de Rufino, departamento General López, considerando que “es casi insostenible que un delito tan común y desplegado en todos los territorios provinciales siga siendo competencia exclusiva de la Justicia Federal”, declaró el pasado 14 de abril de corriente año, por unanimidad, de “interés comunitario y preventivo” la promoción del Proyecto de Ley (Expediente 32560 FPL) que impulsa “el desbaratamiento de kioscos de venta de drogas”, con copia de la declaración enviada al Departamento Ejecutivo Municipal, al Consejo de Seguridad Ciudadana, al senador departamental Lisandro Enrico (UCR-FPS-Gral. López) y a la Legislatura de la Provincia de Santa Fe; cuyo ingreso por mesa de movimiento de la Cámara de Senadores mediante Petición Particular (Expediente 32689 NO) se llevó a cabo el 22 de abril de 2016 y se giró a la comisión de Seguridad Pública.
 
Se hace necesario “facultar a los órganos fiscales y a la policía local en la persecución de delitos relacionados con el narcomenudeo” para que la justicia local, por la cercanía y la inmediación con la investigación del delito, intervenga; más teniendo en cuenta que en la Argentina, la legislación en materia de delitos con drogas y narcotráfico está regulado por la Ley Nacional Nº 23.737 “Ley de Estupefacientes” del año 1989, y, en todo este tiempo, “la situación de narcocriminalidad ha cambiado y crecido, pero el sistema legal sigue siendo el mismo”.
 
“Resulta insostenible que un delito tan común, difundido y desplegado en todos los territorios provinciales, siga siendo competencia de la Justicia Federal”. Santa Fe es una provincia con una población de 3.300.000 habitantes en sus 362 localidades, y 7 jueces y 6 fiscales federales tienen que investigar todas las causas de droga en el territorio, mientras que el sistema provincial tiene 112 fiscales y 42 jueces que podrían asumir competencias de venta de drogas que se dan en sus propias jurisdicciones.
 
Santa Fe no puede despreciar cerca de 200 jueces y fiscales que pueden ayudar a “desbaratar la venta de droga multiplicada en todo el territorio”, tan solo por no asumir una competencia legal que hoy resulta imprescindible. Por ello, como dice Jorge Baclini, Fiscal Regional de Rosario, en su trabajo sobre la necesidad de desfederalizar los delitos de drogas, “carece ya de todo sentido que una justicia de excepción siga entendiendo en materia de drogas”.
 
Se propone, con la reforma, “otorgar a los jueces y fiscales provinciales la competencia en este tipo de delito”, y, para ello, además de “adherir la Provincia de Santa Fe a la Ley Nacional Nº 26.052 a los fines de asumir la competencia de los delitos que en materia de estupefacientes se establece en el artículo 34º de la Ley Nacional Nº 23.737”, el Estado Santafesino promoverá las acciones necesarias para “la lucha contra el narcotráfico en el territorio provincial”.
 
En este sentido, concretamente, la justicia santafesina asume la competencia material para juzgar los siguientes hechos delictivos: la comercialización, distribución, almacenaje y transporte de estupefacientes o materia prima para su producción; la entrega, suministro y facilitación de estupefacientes a título gratuito u oneroso, siempre que sean dosis destinadas directamente al consumidor; la falsificación de recetas médicas y la tenencia de estupefacientes.
 
Se establece el proceso y eventual juicio por dichos delitos a través del Código Procesal Penal de la Provincia de Santa Fe, sobre la base del principio de “amplitud de competencia”, es decir, “todos los fiscales, todos los defensores y todos los jueces en sus diferentes instancias, tienen competencia material”. Se deja establecido que “no pueden crearse fueros especiales”, sino que debe garantizarse la presencia territorial y la proximidad al lugar de los hechos de los funcionarios y magistrados del Poder Judicial de la Provincia de Santa Fe. Por lo tanto, “más de 144 fiscales y más de 40 jueces penales de primera instancia” que se encuentran localizados a lo largo y ancho de la provincia, actuarán ante estos delitos.
 
Se estipula, además, el principio de “celeridad de medidas investigativas”, esto es, las medidas probatorias y cautelares deberán ser dictadas y autorizadas con celeridad dada la gravedad de los delitos que se investigan, ya que tienen que ver con la venta de sustancias que envenenan a las personas y en especial a niñas, niños y adolescentes y, principalmente, “adoptar las medidas para que la cadena de narcocriminalidad no se vuelva a reorganizar”.
 
Se contempla, asimismo, la “amplitud de indicios habilitantes para actuar especialmente en el allanamiento”. En un ejemplo concreto, cuando por la observación policial o el testimonio de vecinos se aprecia que en un lugar entra y sale gente que puede estar comercializando estupefacientes. Se establece, puntualmente, “la no criminalización del consumo personal”, porque los recursos del Estado deben estar puestos en perseguir al vendedor y en rehabilitar al consumidor.
 
En otra parte del articulado, se contempla “el allanamiento  por venta de drogas” que lleva implícita la autorización para “secuestrar los elementos que se presuman vinculados a otros delitos comunes”, el agente encubierto y el arrepentido que se incorporan al Código Procesal Penal; como del mismo modo: registro estadístico; ampliación del número de fiscales; plazo de vigencia de la norma y no retardo de la misma para que se incorporen los nuevos fiscales al Ministerio Público de la Acusación a medida que avancen los mecanismos de designación; y, finalmente, la transferencia presupuestaria nacional.
 
“Esta norma que proponemos para su debate y aprobación surge de la imperiosa necesidad de batallar contra la impunidad de la venta de drogas desplegada en casi todas las localidades santafesinas”; argumentó el senador radical Lisandro Enrico (UCR-FPS-Gral. López), en pleno recinto, acompañado de sus pares: Germán Giacomino, Hugo Rasetto y los 11 senadores justicialistas, el Proyecto de Ley (Expediente 32560 FPL) de su autoría ingresado sobre tablas en la sesión extraordinaria del jueves 31 de marzo de 2016 de la Cámara de Senadores de la Provincia de Santa Fe para su tratamiento en el actual Período de Sesiones Ordinarias inaugurado el 1º de mayo de 2016; no sin antes destacar como antecedente el Proyecto de Ley del senador justicialista Eduardo Rosconi (BJ-Caseros), de similar tenor, que aprobara el Senado en dos ocasiones, en el mes de setiembre de 2013 y en el mes de junio de 2014, con el voto negativo del entonces senador socialista Miguel Lifschitz, hoy gobernador de la Provincia, y que en ambas oportunidades perdiera estado parlamentario en la Cámara de Diputados por falta de tratamiento; de allí que muchos representantes territoriales se mostraran escépticos en cuanto a la posibilidad que prospere en las Cámaras Legislativas. No obstante, sigue recibiendo nuevos apoyos, caso de los miembros integrantes del Concejo Deliberante de la ciudad de Rufino, departamento General López, quienes por unanimidad declararon de “interés comunitario y preventivo la promoción de la iniciativa parlamentaria”.
 
Publicado: 04/Mayo/2016

Fuente: Fernando Brosutti

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