La sociedad santafesina está conmocionada porque “la droga llegó para quedarse”

El senador provincial justicialista Armando Traferri (BJ-San Lorenzo), presidente del Bloque Justicialista y, además, presidente de la comisión de Seguridad Pública de la Cámara de Senadores de la Provincia de Santa Fe, en la sesión ordinaria del jueves 16 de junio de 2016, sobre tablas, ingresó el Proyecto de Ley de su autoría, réplica de otro que perdió estado parlamentario por falta de tratamiento en tiempo y forma, por el cual propone “la creación, en el ámbito del Poder Legislativo de la Provincia de Santa Fe, de una Comisión Investigadora Bicameral de Hechos de Narcotráfico y Delitos Conexos Organizados”, y se lo giró a las comisiones internas del Senado para su estudio, análisis y consideración. No debemos olvidar que en la sesión ordinaria del 23 de setiembre de 2013, hace casi tres años, en oportunidad de obtener la media sanción que perdió estado parlamentario por falta de tratamiento en la Cámara de Diputados, el autor expresó que “la sociedad santafesina está conmocionada debido a que en nuestra provincia la droga, que llegó para quedarse, se cocina y elabora, no viene de ningún otro lado”.
 
La Comisión, que presidirá el Senado y se integrará por cuatro senadores y cuatro diputados provinciales, tendrá a su cargo “la investigación de todos los hechos referidos al narcotráfico ocurridos en la provincia de Santa Fe” y a la actividad de las organizaciones delictivas relacionadas con el mismo, a los efectos de producir un informe final que será puesto en conocimiento de los poderes del Estado Provincial.
 
El plazo para que la Comisión cumpla con su cometido será de ciento ochenta (180) días a partir de la fecha en que se realice la primera reunión constitutiva, que podrá ser prorrogado a solicitud de la misma por un plazo igual al fijado, es decir por otros ciento ochenta (180) días.
 
Para el cumplimiento de los fines expresados, la Comisión podrá solicitar informes escritos u orales en el caso que corresponda, o la remisión de documentación relacionada con la investigación a cualquier funcionario y/u organismo de la Administración Pública Provincial, así como también a toda persona jurídica pública o privada; y recibir denuncias y pruebas sobre hechos determinados, debiendo darse cuenta de ello al Ministerio Público de la Acusación de la Provincia y demás poderes del Estado Provincial que corresponda. Esto significa que “la Comisión quedará munida de las facultades propias de la instrucción de sumarios”.
 
Y, de acuerdo al resultado de la investigación de la Comisión, realizar recomendaciones especiales a cualquier organismo vinculado a la lucha contra el narcotráfico en caso de ser pertinente. Esta enumeración no tiene carácter taxativo, por lo cual la Comisión podrá ejercer toda otra facultad necesaria para el cumplimiento de sus fines, debiendo hacer uso de las mismas en forma razonable “sin incurrir en conflictos interjurisdiccionales”.
 
La sociedad santafesina está conmocionada porque “en nuestra provincia la droga llegó para quedarse”. No se trata de hechos aislados, sino de peleas entre bandas organizadas que, en su disputa por el territorio, suman innumerables hechos de violencia cuyos resultados son centenares de heridos y muertos. Y, en esta disputa por el territorio, las bandas buscan reclutar jóvenes generalmente en zonas marginales que conformen un verdadero ejército de pasadores y vendedores, que a la vez consumen y tienen armas, razón por la cual en todo tipo de delito cometido se agregó la crueldad y la violencia.
 
A este panorama hay que agregarle que “la droga se cocina en nuestro territorio, o sea que no viene de otro lado sino que se elabora en la provincia de Santa Fe”. Las organizaciones delictivas que han logrado establecerse en el territorio, entran en una segunda etapa que es la de intentar corromper a los funcionarios y, si no lo consiguen, amenazarlos a ellos o a su familiares, como me ha ocurrido personalmente (o como le ocurrió al entonces gobernador Antonio Bonfatti y su familia con el atentado sufrido).
 
Y, por si fuera poco, la sociedad santafesina contempla azorada sin salir de su asombro la disputa entre funcionarios nacionales y provinciales por cuestiones de competencia o jurisdicción, por adjudicarse méritos en los operativos “exitosos” o acusarse de “colaboracionismo”, con integrantes de las fuerzas policiales de la provincia de Santa Fe, varios de los cuales se encuentran presos y/o procesados.
 
El ex gobernador de la provincia de Santa Fe, Antonio Bonfatti, ante las amenazas que recibieron el ex ministro de Seguridad, Raúl Lamberto, y el ex secretario de Seguridad Pública, Matías Drivet, convocó al Poder Legislativo y al Poder Judicial a sumar sus esfuerzos en esta pelea. “Nosotros, con esta iniciativa, además de decir presente a la convocatoria, nos ocupamos efectivamente del tema”; había argumentado el senador justicialista Armando Traferri (BJ-San Lorenzo), presidente de la comisión de Seguridad Pública, el Proyecto de Ley de su autoría, acompañado por el pleno de los senadores provinciales, de la oposición y oficialistas, en oportunidad de recibir la media sanción del Senado en la sesión ordinaria del día jueves 26 de setiembre de 2013, hace casi tres años, y que perdiera estado parlamentario por falta de tratamiento en tiempo y forma en la Cámara de Diputados. Ahora, en la sesión ordinaria del jueves 16 de junio de 2016 del Senado, se insiste con idéntica iniciativa, ingresada sobre tablas y derivada a las comisiones internas para su estudio.
 
Cabe recordar, asimismo, que el mencionado senador justicialista Armando Traferri (BJ-San Lorenzo), el día sábado 12 de octubre de 2013, hace casi tres años, se había hecho presente en el Salón Blanco de la Delegación Rosario del Gobierno de la Provincia de Santa Fe, juntamente con los representantes de todas las fuerzas del arco político, autoridades nacionales, provinciales y municipales, e integrantes de los tres poderes del Estado y demás instituciones, solidarizándose con el entonces gobernador de la provincia de Santa Fe, Antonio Bonfatti, por el atentado que sufriera el hoy presidente de la Cámara de Diputados la noche del viernes 11 de octubre de 2013 por parte de organizaciones violentas y a través de delincuentes que atacaron su vivienda con armas de fuego como claro mensaje mafioso.
 
Publicado: 22/Junio/2016

Fuente: Fernando Brosutti

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