Se sospecha de un contrato “inapropiado” en el Servicio de la Defensa Penal

En la sesión ordinaria del jueves 30 de junio de 2016 de la Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Fe, el diputado radical Julián Galdeano (UCR-FPCS), acompañado de sus pares: Claudia Moyano (UCR-FPCS), Héctor Gregoret (UCR-FPCS), Alejandro Boscarol (UCR-FPCS), Santiago Mascheroni (UCR-FPCS), Patricia Norma Tepp (UCR-FPCS), Claudio Fabián Palo Oliver (UCR-FPCS) y Rubén Galassi (PS-FPCS), obtuvo el apoyo unánime de los diputados y diputadas presentes, oficialistas y de la oposición, para el Proyecto de Comunicación (Expediente 31115 CD-DB) de su autoría y suscripto por los nombrados, presentado el 5 de mayo pasado en la forma de Pedido de Informes, por el cual el Cuerpo Legislativo “vería con agrado” que el Defensor General de la Provincia (Gabriel Ganón), a cargo del Ministerio Público de la Defensa, informe “si se ha contratado a Enrique Andrés Font en el ámbito del Servicio Público Provincial de la Defensa Penal”. 
 
De ser así, en qué concepto y con qué finalidad dicha contratación fue efectuada. En su caso, bajo qué modalidad contractual fue realizada la misma y si existió un concurso para seleccionar a postulantes o resultó la contratación de un acto discrecional.
 
En su caso, si se pactó el monto de $ 1.200.000 (pesos un millón doscientos mil) pagaderos mensualmente en cuotas de $ 100.000 (pesos cien mil) con los cuales se solventaría esta contratación. En su caso, si la tarea encomendada a Enrique Andrés Font no podría haber sido realizada por integrantes del Servicio Público Provincial de la Defensa u otras personas u organismos públicos, evitando tamaña erogación.
 
Habiendo tomado conocimiento de la posible contratación, a priori indebida por parte de la Defensoría Penal Pública, de Enrique Andrés Font por un valor que surgiría como “inapropiado y excesivo”; en un contrato que “carecería de objeto o de contraprestación establecida con claridad y a través de un procedimiento dudoso en su legitimidad”, ya que denotaría “ausencia de concurso, discrecionalidad y actitud dispendiosa con los recursos públicos que es deber custodiar”; es que “solicitamos este informe a fines de confirmar esta situación y clarificarla”.
 
Asimismo, si se confirmara la misma, estaríamos ante “un grave hecho de mala administración de los recursos públicos”; obligación que surge de la propia naturaleza del cargo y responsabilidad de quien debe llevar adelante el Servicio Público de Defensa Penal, administrando los recursos a su cargo con transparencia y en todo de acuerdo con las normas.
 
En el mismo sentido, “el monto de $ 1.200.000 (pesos un millón doscientos mil) surgiría excesivo, elevado e inapropiado”. Mucho más si no se explicita objeto, duración, y no existiera previamente concurso.
 
El contratado (Enrique Andrés Font), a su vez, “tendría el antecedente inmediato de haber sido rechazado su pliego como auditor del Sistema Procesal Penal”, fundamentaron los diputados provinciales: Julián Galdeano (UCR-FPCS), Rubén Galassi (PS-FPCS), Patricia Norma Tepp (UCR-FPCS), Claudio Fabián Palo Oliver (UCR-FPCS), Santiago Mascheroni (UCR-FPCS), Héctor Gregoret (UCR-FPCS), Alejandro Boscarol (UCR-FPCS) y Claudia Moyano (UCR-FPCS), el Proyecto de Comunicación (Expediente 31115 CD-DB) ingresado el 5 de mayo en la forma de Pedido de Informes y aprobado en la sesión ordinaria del jueves 30 de junio de 2016 de la Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Fe, por unanimidad.
 
Publicado: 24/Julio/2016

Fuente: Fernando Brosutti

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