Se señala con desconfianza a las políticas para la lucha contra la corrupción

El diputado provincial Héctor Cavallero (FJV), presidente del Bloque Frente Justicialista para la Victoria de la Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Fe, quien aparece en la fotografía exclusiva del Diario Digital El Protagonista Web junto al diputado socialista Eduardo Di Pollina (PS-FPCS), acompañado de su par de bancada: Patricia Guadalupe Chialvo (FJV), mediante el Proyecto de Comunicación (Expediente 31474 CD-FJV) de su autoría y suscripto por ambos, ingresado el jueves 7 de julio de 2016 por mesa de movimiento en la forma de Pedido de Informes, todavía sin tratamiento parlamentario ni comisiones asignadas para su estudio, solicita al Poder Ejecutivo Provincial que, a través del organismo que corresponda, informe sobre diversos puntos en relación a “la actividad llevada a cabo por la Dirección Provincial de Anticorrupción y Transparencia del Sector Público”, área creada dentro del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos en el año 2008 por Decreto 1882/08, a raíz de que el gobierno santafesino considerara que “la lucha contra la corrupción debía ser tomada como una política de Estado”.
 
El Poder Ejecutivo informará sobre “las políticas de prevención de la corrupción y promoción de la transparencia, implementadas hasta el momento; investigaciones que se hayan realizado respecto de agentes públicos, para determinar hechos o situaciones presuntamente ilícitas o irregulares y, en su caso, el resultado de las mismas”.
 
Además, acerca de “las investigaciones a instituciones o asociaciones cuya principal fuente de recursos sea el aporte estatal, donde haya habido indicios de manejo irregular de los mismos como consecuencia de hechos de corrupción; si se han realizado presentaciones ante autoridades administrativas o judiciales; si se ha diagramado un sistema de denuncias de hechos de corrupción, dentro del Departamento de Investigación de la Dirección; y cantidad de sumarios administrativos realizados hasta el momento”.
 
Asimismo, “si se ha conformado la base de datos de los funcionarios obligados a presentar declaraciones juradas; cómo se ha implementado el sistema de acceso a la información pública; y cuáles son las medidas adoptadas, dentro de la División ‘Transparencia’, para prevenir los riesgos de corrupción, generando un mayor control en los circuitos de contratación pública”.
 
Y, finalmente, el Poder Ejecutivo informará sobre “las acciones llevadas a cabo por la Comisión Antilavado que actúa como enlace entre el Gobierno Provincial y el Gobierno Nacional, a través de la Unidad de Información Financiera (UIF); y si se han realizado campañas de difusión para que la sociedad tome conocimiento del procedimiento que puede iniciar en el marco del Decreto Nº 692/2009”.  
 
La Dirección Provincial de Anticorrupción y Transparencia del Sector Público fue creada en el año 2008 a los fines de “implementar políticas de prevención de la corrupción y promoción de la transparencia, estructurándose a través de tres líneas de trabajo: investigación, ética pública y planificación”.
 
Está ubicada bajo la órbita del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y comprende a todo el Sector Público Provincial, entendiendo por tal a la Administración Pública Provincial centralizada y descentralizada, las Asociaciones Públicas y Privadas y demás entidades que reciban fondos del Estado Provincial o que se encuentren garantizados por el mismo, teniendo facultades de instrucción e impulsión del procedimiento, como así también de evaluación del desempeño del mismo.
 
Desde el año 2009, la Dirección Anticorrupción es autoridad de aplicación del sistema de acceso a la información pública establecido por el Decreto 0692/2009, considerando al libre acceso a dicha información como un derecho humano fundamental e indispensable para ejercer otros derechos, fomentando la participación ciudadana y habilitando una relación más fluida y cercana entre el Estado y la ciudadanía.
 
Por la relevancia de las medidas adoptadas: “promoción de la transparencia; prevención del lavado de activos; investigación de actos de corrupción; y Comisión Antilavado que actúa como enlace entre el Gobierno Provincial y la Unidad de Información Financiera (UIF) del Ministerio de Justicia de la Nación”, y la puesta en funcionamiento de todo un andamiaje cuyo objetivo es la lucha contra la corrupción, es que “necesitamos conocer de manera certera el accionar de esta Dirección Provincial Anticorrupción hasta el día de la fecha”, fundamentó el diputado provincial Héctor Cavallero (FJV), acompañado de su par de bloque: Patricia Guadalupe Chialvo (FJV), el Proyecto de Comunicación (Expediente 31474 CD-FJV) de su autoría y suscripto por ambos, ingresado el jueves 7 de julio de 2016 por mesa de movimiento de la Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Fe en la forma de Pedido de Informes, aún sin comisiones asignadas para su estudio ni tratamiento parlamentario.
 
Publicado: 27/Julio/2016

Fuente: Susana Goris

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