Mastrocola advierte que se agrava día a día el colapso de la justicia laboral

Atento a que “la justicia laboral de la ciudad de Rosario se encuentra totalmente colapsada desde hace varios años; problema que cada vez se hace más grave y ha sido reconocido por el Colegio de Abogados de Rosario, por la Asociación de Trabajadores Judiciales e incluso por jueces y camaristas laborales”, el diputado provincial Germán Mastrocola (Cambiemos-CSF), vicepresidente segundo de la Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Fe, por intermedio del Proyecto de Ley (Expediente 32063 CD-CSF-Cambiemos) de su autoría, ingresado el 13 de octubre por mesa de movimiento y que estudian, desde la sesión ordinaria del jueves 20 de octubre de 2016, las comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación General y de Presupuesto y Hacienda, en ese orden, impulsa la creación de “cinco (5) Juzgados Laborales de Primera Instancia con competencia en materia laboral, en la Segunda Circunscripción Judicial de la Provincia de Santa Fe con asiento en la ciudad de Rosario”.
 
La gravísima situación del fuero laboral rosarino tiene como causa fundamental “el evidente abandono presupuestario que sufre año tras año, lo que perjudica a todos los actores judiciales y, fundamentalmente, al trabajador”, y, por ello, “las sentencias condenatorias en ese fuero se convierten, en muchos casos, en simples declaraciones de principios por la demora excesiva en su obtención o por la dificultad de hacerla efectiva con el paso de los años”.
 
La posibilidad de ejecutar un derecho determinado por un tribunal luego de procedimientos que en la práctica se tornan extremadamente largos, “conspiran contra los derechos del propio trabajador” e, incluso, “incentiva al abandono o a acuerdos denigrantes que el mismo finalmente acepta por un evidente estado de necesidad”.
 
Desde esta perspectiva, “los derechos consagrados en la legislación laboral parecerían tener una existencia mas bien formal que sustancial”, sin olvidar que “una justicia que demora años, en definitiva es una justicia que se deniega”. La expectativa del trabajador es resolver el conflicto en forma inmediata y acceder a su crédito alimentario, y esto se diluye en el tiempo ya que “la primera audiencia se fija con una demora mínima de doce (12) a dieciocho (18) meses de iniciada la acción judicial”, siempre por razones operativas o por encontrarse atiborrados los juzgados laborales.
 
Si bien las causas son muchas, la principal es la escasa cantidad de juzgados laborales de primera instancia en Rosario en proporción a la cantidad de habitantes, que en un número de diez (10) deben atender a una población de más de 1.300.000 habitantes. En tal sentido, en los últimos años ingresaron entre 20.000 y 25.000 expedientes por año para ser tramitados entre diez (10) juzgados, lo que da un promedio de “entre 2.000 y 2.500 expedientes a cargo de un juez”. Evidentemente, “la justicia laboral en Rosario ha colapsado”.
 
En esta realidad coinciden desde los trabajadores judiciales, empleados, jueces y abogados, hasta los mismos principales perjudicados que son los trabajadores que hoy sienten desprotección total por parte de “una justicia que no le brinda una respuesta adecuada en tiempo más o menos razonable”, siendo que la terrible mora afecta los derechos de quienes reclaman “un derecho de carácter alimentario o una reparación por haber sido accidentado e incapacitado en ocasión de su trabajo”.
 
En materia laboral, a grandes rasgos, “en Córdoba hay un juzgado cada 20.000 habitantes, en Capital Federal hay un juzgado cada 34.000 habitantes y en Rosario hay un juzgado cada 130.000 habitantes”. Es muy evidente que en el marco de la crisis que atraviesa la justicia laboral de Rosario, “si se pretende encarar con decisión el problema, deben cuanto menos crearse cinco (5) juzgados de trabajo, lo que permitiría descomprimir las tareas que desarrolla el fuero”, argumentó el diputado provincial Germán Mastrocola (Cambiemos-CSF) el Proyecto de Ley (Expediente 32063 CD-CSF-Cambiemos) de su autoría, ingresado el 13 de octubre y que estudian, desde la sesión ordinaria del jueves 20 de octubre de 2016 de la Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Fe, las comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación General y de Presupuesto y Hacienda a las que fue derivado en ese orden; no sin antes añadir que “el aumento presupuestario requerido no debe constituir un obstáculo insalvable cuando nos estamos refiriendo a la justicia, uno de los pilares del sistema democrático”.
 
Publicado: 26/Octubre/2016

Fuente: Susana Goris

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