[ 28.03.2017 11:24 ] ›
Asistencia técnica gratuita para el diseño y construcción de viviendas sociales
Di Pollina, Galassi y otros garantizan el derecho de las familias de bajos ingresos
Las comisiones de Vivienda y Urbanismo, de Presupuesto y Hacienda y de Asuntos Constitucionales y Legislación General de la Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Fe, desde la sesión extraordinaria del 16 de marzo de 2017, estudian el Proyecto de Ley (Expediente 32660 CD-DB) de autoría del diputado socialista Eduardo Di Pollina (PS-FPCS), ingresado el 3 de marzo por mesa de movimiento con el acompañamiento de sus pares: Alejandro Boscarol (UCR-FPCS), Alicia Gutiérrez (SI-FPCS), Rubén Galassi (PS-FPCS) y Mercedes Meier (FSP) para su tratamiento a partir del 1º de mayo de 2017, fecha de inicio del 135º Período Ordinario de Sesiones, por el cual a través de 13 artículos elaborados con sumo esmero “se garantiza el derecho de las familias de bajos ingresos a la asistencia técnica, pública y gratuita para el diseño y la construcción de viviendas de interés social”; como parte del derecho social de la vivienda previsto en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional y el artículo 21 de la Constitución de la Provincia de Santa Fe.
Serán beneficiarias las familias que “demuestren tener propiedad sobre el terreno en el que se realizará la construcción de la vivienda de interés social, el cual puede ser propio o de familiar directo; y cuyos ingresos mensuales totalicen hasta tres (3) salarios mínimos vitales y móviles, que habiten en zonas urbanas o rurales.
El derecho público y gratuito a la asistencia técnica abarca “el trabajo de anteproyecto y proyecto, dirección técnica y ejecución de la obra realizados por profesionales de la arquitectura, el urbanismo, técnicos constructores y la ingeniería necesarios para la construcción, renovación, ampliación o regularización de la vivienda”.
Se crea el Servicio Público de Asistencia Técnica Profesional para el proyecto, dirección y ejecución de la vivienda social, en el ámbito de la Dirección Provincial de Vivienda y Urbanismo, que es la Autoridad de Aplicación de esta Ley. La asistencia técnica es gratuita y se proporcionará a las personas que se inscriban en el Registro que se habilitará al efecto, al que también accederán cooperativas, asociaciones civiles, de vecinos u otros grupos organizados que los representen.
Se instrumentará la creación de órganos colegiados municipales y comunales con representación igualitaria entre representantes del gobierno y la sociedad civil a los efectos de la “selección de los beneficiarios finales para el servicio directo de la asistencia técnica”. Con el fin de evitar la superposición y optimizar los resultados, se coordinará con otros organismos oficiales de cualquier jurisdicción la planificación y ejecución de las iniciativas para “determinar las zonas declaradas de interés social”.
Se constituirá una Comisión de Evaluación y Seguimiento para “el cumplimiento óptimo de los fines que persigue esta Ley” que, en la actual coyuntura económica, encuentra a “un número importante de habitantes que no pueden acceder a la asistencia técnica por los costos que ello implica”, fundamentó el diputado socialista Eduardo Di Pollina (PS-FPCS), acompañado de sus pares: Alejandro Boscarol (UCR-FPCS), Alicia Gutiérrez (SI-FPCS), Mercedes Meier (FSP) y Rubén Galassi (PS-FPCS), el Proyecto de Ley (Expediente 32660 CD-DB) ingresado el 3 de marzo y que estudian, desde el 16 de marzo, tres comisiones internas de la Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Fe para su tratamiento a partir del 1º de mayo de 2017, fecha de inicio del 135º Período Ordinario de Sesiones; no sin antes añadir que “el derecho humano a la vivienda resulta un derecho de vital importancia para el desarrollo de la persona y la familia y, por lo tanto, requiere especial atención del Estado Provincial”.
Publicado: 28/Marzo/2017
Serán beneficiarias las familias que “demuestren tener propiedad sobre el terreno en el que se realizará la construcción de la vivienda de interés social, el cual puede ser propio o de familiar directo; y cuyos ingresos mensuales totalicen hasta tres (3) salarios mínimos vitales y móviles, que habiten en zonas urbanas o rurales.
El derecho público y gratuito a la asistencia técnica abarca “el trabajo de anteproyecto y proyecto, dirección técnica y ejecución de la obra realizados por profesionales de la arquitectura, el urbanismo, técnicos constructores y la ingeniería necesarios para la construcción, renovación, ampliación o regularización de la vivienda”.
Se crea el Servicio Público de Asistencia Técnica Profesional para el proyecto, dirección y ejecución de la vivienda social, en el ámbito de la Dirección Provincial de Vivienda y Urbanismo, que es la Autoridad de Aplicación de esta Ley. La asistencia técnica es gratuita y se proporcionará a las personas que se inscriban en el Registro que se habilitará al efecto, al que también accederán cooperativas, asociaciones civiles, de vecinos u otros grupos organizados que los representen.
Se instrumentará la creación de órganos colegiados municipales y comunales con representación igualitaria entre representantes del gobierno y la sociedad civil a los efectos de la “selección de los beneficiarios finales para el servicio directo de la asistencia técnica”. Con el fin de evitar la superposición y optimizar los resultados, se coordinará con otros organismos oficiales de cualquier jurisdicción la planificación y ejecución de las iniciativas para “determinar las zonas declaradas de interés social”.
Se constituirá una Comisión de Evaluación y Seguimiento para “el cumplimiento óptimo de los fines que persigue esta Ley” que, en la actual coyuntura económica, encuentra a “un número importante de habitantes que no pueden acceder a la asistencia técnica por los costos que ello implica”, fundamentó el diputado socialista Eduardo Di Pollina (PS-FPCS), acompañado de sus pares: Alejandro Boscarol (UCR-FPCS), Alicia Gutiérrez (SI-FPCS), Mercedes Meier (FSP) y Rubén Galassi (PS-FPCS), el Proyecto de Ley (Expediente 32660 CD-DB) ingresado el 3 de marzo y que estudian, desde el 16 de marzo, tres comisiones internas de la Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Fe para su tratamiento a partir del 1º de mayo de 2017, fecha de inicio del 135º Período Ordinario de Sesiones; no sin antes añadir que “el derecho humano a la vivienda resulta un derecho de vital importancia para el desarrollo de la persona y la familia y, por lo tanto, requiere especial atención del Estado Provincial”.
Publicado: 28/Marzo/2017
Fuente: Susana Goris
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