“Diputados y Diputadas”, nuevamente, estudiará el Programa de Reparación Integral a Víctimas de Violencia Institucional

Las comisiones de Derechos y Garantías, de Presupuesto y Hacienda y de Asuntos Constitucionales y Legislación General de esta Cámara de Diputados (foto gentileza Prensa Diputados) y Diputadas de la Provincia de Santa Fe, desde el día 11 de abril de 2024, como ocurriera desde el día 10 de marzo de 2022 y como de igual modo aconteciera desde el día 20 de febrero de 2020 y desde el 22 de setiembre de 2016, estudiarán el Proyecto de Ley (Expediente 53450 CD-FAS), réplica del Proyecto de Ley (Expediente 46680 CD-FSP-Ciudad Futura), idéntico al Proyecto de Ley (Expediente 37510 CD-FSP-Ciudad Futura) y también réplica del Proyecto de Ley (Expediente 31901 CD-FSP) que caducaran por falta de tratamiento, del diputado Carlos Del Frade (FAS-Frente Amplio por la Soberanía); que consta de 46 artículos prolijamente elaborados y por el cual se establece el Programa Provincial de Reparación Integral a Víctimas de Violencia Institucional, que tendrá como finalidad brindar acompañamiento y asistencia jurídica, médica, psicológica, social y de reparación simbólica e indemnización, y protección integral a víctimas de violencia institucional en el ámbito de la Provincia de conformidad con el artículo 18 de nuestra Constitución Provincial.
 
El proyecto se nutre tanto de las exigencias que impone la normativa provincial, nacional e internacional con respecto a los deberes de reparación de las víctimas de la violencia ejercida por agentes estatales, como también de la atención a la situación provincial en cuanto a esta problemática, la urgencia que su gravedad expresa y el “débil marco institucional de respuesta a las víctimas”.
 
Finalmente, pero no menos importante, este proyecto se inspira en las experiencias colectivas y auto-organizadas de acompañamiento y asistencia a las víctimas de violencia institucional y sus familiares, gestadas en torno a casos de extrema gravedad suscitados en la ciudad de Rosario. Este proyecto es un reconocimiento a estas valiosas experiencias y, a la vez, la afirmación de que “la reparación integral a víctimas de violencia institucional es un deber indelegable del Estado”, el cual tiene la obligación de arbitrar los medios para que ésta sea garantizada en forma efectiva.
 
Atento a las particularidades de la violencia institucional, el proyecto prevé la constitución de un programa provincial específicamente dirigido a reconocer y garantizar los derechos de reparación integral de las víctimas, proponiendo que dicho programa cuente con “autonomía funcional e independencia financiera”, puesto que si el deber de reparación a las víctimas quedara en manos del mismo Poder Ejecutivo, cuyo accionar está siendo objetado en relación a sus fuerzas de seguridad, difícilmente pueda garantizarse que la asistencia jurídica brindada sea la apropiada, ya que podría verse amenazada por la incompatibilidad de intereses.
 
El Registro Provincial de Casos de Tortura, Tratos Crueles, Inhumanos y/o Degradantes, Abuso Policial y Malas Prácticas y demás afectaciones de Derechos Humanos, en su informe correspondiente al año 2015, ha registrado un total provincial anual de 503 víctimas de violaciones a los derechos humanos, de las cuales el 95% son varones y el 5% son mujeres. Estas cifras se han incrementado año tras año.
 
La mayor proporción de hechos se dan en la vía pública (49%) seguido por la comisaría (36%). Entre estos dos lugares se concentra el 85% de los casos, quedando demostrado el “preocupante estado de situación provincial sobre la problemática” y la necesidad imperiosa de legislar en materia de “reparación a las víctimas de violencia institucional”, porque “las víctimas de hechos de tortura y abusos policiales experimentan numerosas dificultades para el acceso efectivo a la justicia”, sea por la escasez de recursos económicos para contratar un abogado de confianza o por “la inexistencia de un organismo que les permita superar las barreras de cualquier tipo para lograr el acceso al sistema judicial sin restricciones”, fundamentó el diputado Carlos Del Frade (FAS-Frente Amplio por la Soberanía) el Proyecto de Ley (Expediente 53450 CD-FAS) presentado por mesa de movimiento el día 5 de abril de 2024, réplica del Proyecto de Ley (Expediente 46680 CD-FSP-Ciudad Futura) presentado el día 25 de febrero de 2022, idéntico al Proyecto de Ley (Expediente 37510 CD-FSP-Ciudad Futura) ingresado el día 19 de febrero de 2020 por mesa de movimiento de esta Cámara de Diputados y Diputadas (foto gentileza Prensa Diputados) de la Provincia de Santa Fe y, a su vez, réplica del Proyecto de Ley (Expediente 31901 CD-FSP) que caducaran por falta de consideración, que consta de 46 extensos artículos y que estudiarán otra vez desde la sesión extraordinaria del día 11 de abril de 2024, las comisiones de Derechos y Garantías, de Presupuesto y Hacienda y de Asuntos Constitucionales y Legislación General de dicha Cámara de Diputados; no sin antes anexar “algunos casos paradigmáticos de violencia institucional: Franco Casco; Gerardo Escobar; Carlos Godoy; Alejandro Ponce; Brandon Cardozo; Maximiliano Zamudio; Jonatan Herrera y Jonatan Ezequiel Ojeda; asesinados por la policía santafesina”.
 
Publicado: 08/Abril/2024

Fuente: Fernando Brosutti

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