Por “acciones degradantes” cometidas en Santa Fe, la Legislatura pide informes

Con referencia al incidente ocurrido el día viernes 12 de setiembre de 2014 por el cual habitantes de la ciudad de Santa Fe en situaciones de vulnerabilidad social y precariedad habitacional, asentados en las inmediaciones de la Estación Belgrano, se habrían trasladado a la ciudad de Coronda de acuerdo a instrucciones dadas por miembros de la Guardia de Seguridad Institucional pertenecientes al Municipio de Santa Fe; se aprobaron dos pedidos de informes en la Legislatura de la Provincia, uno en la Cámara de Diputados, autoría del diputado justicialista Leandro Busatto (KFV), y otro en la Cámara de Senadores, autoría del senador justicialista Danilo Capitani (JDP-San Jerónimo), ambos de similar tenor, por los cuales se solicita al Poder Ejecutivo Provincial que, por el “exabrupto institucional de proporciones no vistas en tiempos de democracia por parte de funcionarios del Municipio de Santa Fe”, y por la “extremada gravedad de las acciones degradantes para la naturaleza humana misma”, informe a través del o los organismos que correspondan, sobre distintos puntos, atento a que “se buscó relocalizar en jurisdicciones ajenas a personas en situación de calle” en vez de tratar  por distintos medios existentes de solucionar los graves problemas que estas familias padecen.  
 
El Poder Ejecutivo deberá informar: si se han gestionado convenios entre el Municipio de Santa Fe y el Estado Provincial para “solucionar la situación de precariedad habitacional que padecen las familias que actualmente se encuentran asentadas en las inmediaciones de la Estación Belgrano”; si existen expedientes o informes sobre la situación que padecen estas familias en los Ministerios de Justicia y Derechos Humanos y/o de Seguridad, teniendo en cuenta la participación que los mismos tienen en el Programa de Integración Social y Urbana de Asentamientos Irregulares.
 
Y, del mismo modo: si fueron consultadas las fuerzas de seguridad provinciales o la cartera ministerial correspondiente; si se han iniciado investigaciones por parte del Ministerio de Seguridad en lo concerniente a las actuaciones de la Guardia de Seguridad Institucional del Municipio de Santa Fe; si fue informado el Ministerio de Desarrollo Social por parte del Municipio de Santa Fe sobre la situación de las familias en cuestión; si algún funcionario o empleado de este Ministerio se ha contactado con los perjudicados luego de sucedido el incidente; y cuáles han sido las acciones que ha llevado adelante dicho Ministerio de Desarrollo Social tras lo ocurrido.
 
En el Senado, por su parte, el senador justicialista Danilo Capitani (JDP-San Jerónimo), por intermedio del pedido de informes de su autoría, también aprobado por unanimidad como aconteció en la Cámara de Diputados con la iniciativa del diputado justicialista Leandro Busatto (KFV), siempre en relación al traslado de 18 personas de un asentamiento precario en el predio de la Estación Belgrano de la ciudad de Santa Fe con destino a la ciudad de Coronda, presuntamente a los fines de trabajar en la cosecha de frutilla, y que luego fueron trasladadas nuevamente a Santa Fe, quiere que el Poder Ejecutivo informe: cuál fue el medio de transporte utilizado para el traslado hasta Coronda; qué medidas se tomaron para garantizar la seguridad y condiciones sanitarias; y, también, cuál fue el medio de transporte y las medidas de seguridad adoptadas en el regreso de estas personas a Santa Fe.
 
Las dos iniciativas parlamentarias presentadas en la forma de pedidos de informes fueron aprobadas sobre tablas y por unanimidad en ambas Cámaras, en el Senado por impulso del senador justicialista Danilo Capitani (JDP-San Jerónimo) quien resaltó “la necesidad de conocer la información oficial”, y en la Cámara de Diputados por inquietud del diputado justicialista Leandro Busatto (KFV), presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Legislación General, no sin antes destacar que “las 18 personas en situación de calle que se trasladaron a Coronda y luego regresaron a Santa Fe, habrían aceptado 10.000 pesos de un coordinador de la Guardia de Seguridad Institucional perteneciente al Municipio de Santa Fe, devolviendo a su regreso, ante el reclamo del funcionario municipal, la suma de 5.800 pesos que habían sobrado del frustrado intento de relocalización en otra jurisdicción”.
 
Publicado: 19/Setiembre/2014

Fuente: Susana Goris

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