Traspaso de funcionarios del sistema residual de justicia penal al nuevo sistema

En la sesión extraordinaria del día jueves 18 de diciembre de 2014 de la Cámara de Senadores de la Provincia de Santa Fe, el senador provincial radical Lisandro Enrico (UCR-FPCS-Gral. López), acorde a la nota (expediente 30542 NO) de su autoría, ingresada por mesa de movimiento de expedientes el pasado 27 de noviembre del presente año y derivada durante la sesión a la Comisión de Asuntos Constitucionales y Legislación General, convino con el vicegobernador Jorge Henn, presidente del cuerpo legislativo, en pleno recinto, a que convoque a la mayor brevedad posible a una reunión a los presidentes de los bloques del Senado, los miembros de la Corte Suprema de Justicia, al Procurador General, al titular del Ministerio Público de la Acusación y al Ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Provincia, a fin de abordar la situación de los recursos humanos, especialmente funcionarios del nuevo sistema y del traspaso de funcionarios del sistema residual al mismo.
 
Asimismo, tratar lo vinculado al proyecto de comunicación (expediente 26729 FPC), aprobado sobre tablas en la sesión ordinaria del pasado día jueves 9 de mayo de 2013, hace más de un año y medio, dirigida a la Corte Suprema de Justicia y relacionada con los funcionarios competentes en materia de investigación y juzgamientos de faltas y contravenciones, atento a la declaración de inconstitucionalidad de algunas cámaras de dicho procedimiento y jueces inferiores.
 
El senador radical Lisandro Enrico (UCR-FPCS-Gral. López), en la sesión ordinaria del pasado día jueves 9 de mayo de 2013 de la Cámara de Senadores, sobre tablas, había obtenido el apoyo unánime de sus pares para el proyecto de comunicación (expediente 26729 FPC) de su autoría, por el cual el Senado solicitó a “la Corte Suprema de Justicia que se aboque, en su carácter de cabeza institucional del Poder Judicial, a resolver la situación que se plantea en la Tercera Circunscripción Judicial en la que no hay aplicación de la Justicia de Faltas”, debido a un fallo de la Cámara de Apelaciones en lo Penal que declaró la inconstitucionalidad de las disposiciones procedimentales del Código de Faltas de la Provincia de Santa Fe (Ley 10.703).
 
Esta situación hace que, en los hechos, no sea posible lograr el juzgamiento de las contravenciones en una importante porción de nuestra provincia, en la que no hay poder de policía por parte del Estado por impedimento de la propia justicia. La falta de vigencia del Código de Faltas de la Provincia en el propio territorio provincial genera obvios inconvenientes. Solicitamos, al respecto, que la Corte Suprema de la Justicia de la Provincia de Santa Fe evalúe disponer que “el proceso de falta se desarrolle entre los actores judiciales actuales guardando la existencia de un órgano acusador y otro decisorio que no sea el mismo juez correccional”.
 
La Cámara de Apelaciones en lo Penal de la Tercera Circunscripción Judicial, en el fallo Dandruch Miguel sobre infracción al artículo 61º de la Ley 10.703, declaró la inconstitucionalidad de la parte procedimental del Código de Faltas de la Provincia, alegando que se violaron las garantías del debido proceso y el juez imparcial porque el dictado de la sentencia la realizó el mismo juez que sustanció la investigación. Esta situación tiene como antecedente otro fallo de iguales características de la Sala Penal IV de Santa Fe en un pronunciamiento suscripto por sus tres miembros: Julio De Olazábal, Daniel Rucci y Roberto Reyes, sobre la base del voto elaborado por el primero de ellos y actual Fiscal General del Ministerio Público de la Acusación.
 
Julio De Olazábal, en esa oportunidad, se hizo cargo de las consecuencias del pronunciamiento, pero señaló que resultaba inaceptable un quebrantamiento de la Constitución para salvar un procedimiento contravencional, afirmando que no se estaba ante un debido proceso legal y que, por lo tanto, no debía ser tolerado. Para salir del atolladero, ofreció tres alternativas: modificar el Código de Faltas, hacer aplicación subsidiaria del actual Código Procesal Penal de la Provincia o incorporar un Fiscal para la acusación y un Juez Correccional para juzgar la contravención.
 
Nosotros, en ese sentido, y dada la cantidad de jueces correccionales y el flujo de las causas de los mismos en la Tercera Circunscripción Judicial, creemos oportuno sugerir que la Corte Suprema de Justicia disponga que un Juez Correccional instruya y otro distinto juzgue dentro de la misma circunscripción. Si bien las faltas o contravenciones son agresiones a las normas de convivencia, menos graves que los delitos penales, y castigadas con multas, inhabilitaciones o arresto, no por ello dejan de tener trascendencia en la cotidianeidad de las relaciones humanas de convivencia.
 
Nosotros, en definitiva, queremos que la Corte Suprema de Justicia de la Provincia evalúe las distintas alternativas viables para dar solución a la presente cuestión; había argumentado el senador provincial Lisandro Enrico (UCR-FPCS-Gral. López) el proyecto de comunicación (expediente 26729 FPC) de su autoría, aprobado sobre tablas y por unanimidad en la sesión ordinaria del día jueves 9 de mayo de 2013 de la Cámara de Senadores, no sin antes que el senador justicialista Raúl Gramajo (JDP-9 de Julio), presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Legislación General del Senado, sugiriera “que la Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Santa Fe convoque a un Plenario para tener un criterio inequívoco”.
 
Ahora, en la sesión extraordinaria de la Cámara de Senadores del día jueves 18 de diciembre de 2014, un año y medio después, el mencionado senador radical Lisandro Enrico (UCR-FPCS-Gral. López), acordó con el vicegobernador Jorge Henn, para tratar lo señalado en esa minuta aprobada hace tanto tiempo y, además, considerar la situación de los recursos humanos, especialmente funcionarios del nuevo sistema y del traspaso del sistema residual al mismo, a que convoque, en su carácter institucional de presidente del Senado, a una reunión a la mayor brevedad posible, a los presidentes de los bloques del cuerpo legislativo, los miembros de la Corte Suprema de Justicia, al Procurador General, al titular del Ministerio Público de la Acusación y al Ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Provincia.
 
Publicado: 21/Diciembre/2014

Fuente: Fernando Brosutti

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