Para Acuña y Damiani, el Gobierno “no es serio” para administrar los recursos

La última sesión de la Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Fe de fecha 18 de diciembre de 2014, no concluyó porque se quedó sin quórum reglamentario ante el retiro de los diputados y diputadas del Frente Progresista Cívico y Social que “no soportaron” las valoraciones, en pleno recinto, del diputado justicialista Héctor Acuña (UP), quien acusó públicamente al Gobierno de la Provincia de Santa Fe de “poco serio y falto de transparencia”. Los legisladores oficialistas, previamente, no habían permitido el tratamiento sobre tablas de tres proyectos presentados por el susodicho, presidente de la Comisión de Seguridad Pública, con el acompañamiento de su par de bancada: Aliza Damiani (UP); dos de ellos relacionados con compras de insumos, efectuados en forma directa, por parte de la Policía y del Ministerio de Seguridad, y del Ministerio de Desarrollo Social; y el tercero referido a “un sobreprecio por el contrato de locación de un inmueble, por parte del Estado Provincial, ubicado en la ciudad de Cañada de Gómez, departamento Iriondo”.
 
Por el proyecto de resolución (expediente 29885 UP), y debido a las compras de insumos, “cuanto menos desprolijas”, por parte de la Policía y el Ministerio de Seguridad; porque según el Tribunal de Cuentas “se habrían efectuado a empresas que tienen el mismo domicilio, facturas y recibos de policías en actividad y retirados, o sociedades conformadas por ellos”, en franca contradicción con la normativa vigente; se pretendía solicitar la remisión del expediente 00901-0065210-6 del citado Tribunal de Cuentas, con todos sus antecedentes; más considerando que dichas compañías serían “empresas fantasmas” y, otras, con graves incumplimientos en materia impositiva.
 
Por el proyecto de resolución (expediente 29886 UP), y en razón que dos pedidos de informes, uno del diputado Eduardo Toniolli (ME-FV) y otro del diputado Héctor Acuña (UP), referidos a la “compra directa que el Ministerio de Desarrollo Social le hiciera a la Compañía Jurídica SRL de 1.000 colchones y 3.000 frazadas”, nunca contestados; se pretendía pedir a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) que informe si en el trascurso del presente año, la citada compañía había sido objeto de algún procedimiento de inspección y, en caso afirmativo, si de dicha inspección surge o no la compra de los 1.000 colchones y 3.000 frazadas por parte de dicha firma a uno o más proveedores o fabricantes. El Tribunal de Cuentas había observado legalmente la compra “urgente” de 1.000 colchones y 3.000 frazadas; pero lo más grave sería que la Compañía Jurídica SRL nunca hubiese adquirido los bienes que “vendió” al Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia de Santa Fe, en razón de que “si no fabrica y no compra a quienes fabrican o proveen, mal puede transmitir lo que no posee”.
 
Por el proyecto de comunicación (expediente 29687 UP), igualmente sin aprobación como los anteriores, presentado en la forma de pedido de informes, se buscaba conocer los motivos por los cuales “se abona un sobreprecio en el contrato de locación de un inmueble sito en calle Lavalle 935 de la ciudad de Cañada de Gómez, departamento Iriondo” por parte del Estado Provincial, teniendo en cuenta el precio pagado por un gimnasio que funciona en la planta alta del mismo inmueble.
 
Según el contrato de locación celebrado el 26 de julio de 2013, la Provincia de Santa Fe alquila a Luis Oscar Filafilo un inmueble ubicado en calle Lavalle 959/963/965 de la ciudad de Cañada de Gómez, el cual comprende la utilización de 790 metros cuadrados, con una vigencia de agosto de 2013 a julio de 2016, y tiene como monto estipulado, para el primer año un importe mensual de $45.500, para el segundo año un importe mensual de $50.000 y para el tercero un importe mensual de $55.000, lo que implicaría una erogación total de $1.818.000.
 
Por otro lado, existe un contrato de otra parte del inmueble, que se afecta a un gimnasio, cuya vigencia es de octubre de 2012 a setiembre de 2015, teniendo como montos estipulados, para el primer año, un importe mensual de $1.200, para el segundo año, el importe mensual asciende a $1.400, y para el tercer año, la erogación mensual es de $1.500, debiendo aclarar que la superficie sujeta a utilización por dicho contrato es de 340 metros cuadrados, cuando por el otro es de 790 metros cuadrados.
 
Queda demostrado el poco apego que tiene la administración para gestionar adecuadamente los recursos de “todos”; por ello sorprende cuando el Gobierno del Frente Progresista Cívico y Social habla de austeridad; fundamentó el diputado justicialista Héctor Acuña (UP), acompañado de su par de bloque: Aliza Damiani (UP), los tres proyectos, dos de resolución y uno de comunicación, suscriptos por ambos, que no prosperaron en la sesión extraordinaria del día jueves 18 de diciembre de 2014 de la Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Fe porque los diputados y diputadas oficialistas no permitieron el tratamiento sobre tablas y, cuando el Gobierno fue acusado de “poco serio y falto de transparencia” por el presidente de la Comisión de Seguridad Pública, optaron por retirarse del recinto quedando sin quórum legal la sesión en atención a la cantidad limitada de legisladores de la oposición que habían permanecido, motivo por el cual no pudieron ser aprobadas alrededor de 60 minutas jurisdiccionales que habían obtenido en las comisiones permanentes internas y en labor parlamentaria, los despachos y acuerdos correspondientes.
 
Publicado: 23/Diciembre/2014

Fuente: Susana Goris

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