[ 09.09.2025 18:47 ] ›
Palo Oliver pide informes por operativo en Pozo Borrado donde rescataron a 31 trabajadores en condiciones de esclavitud
El procedimiento, ordenado por los fiscales federales Jorge Gustavo Onel, Federico Grim y Pablo Micheletti, tuvo lugar en los establecimientos agropecuarios “La Revancha e Isabelliana S.A.” y “Santa Ana”, situados a la vera de la Ruta Provincial N° 77.
Autor: Redacción EPW

La Cámara de Diputadas y Diputados de la Provincia de Santa Fe avanzó con un proyecto de comunicación presentado por Fabián Palo Oliver para que el Poder Ejecutivo provincial, a través de los ministerios competentes, informe en detalle sobre el operativo desplegado el pasado 4 de septiembre en Pozo Borrado (departamento 9 de Julio), en el cual fueron rescatadas 31 personas —dos de ellas menores— en condiciones de trabajo ilegal y habitabilidad inhumana.
El procedimiento, ordenado por los fiscales federales Jorge Gustavo Onel, Federico Grim y Pablo Micheletti, tuvo lugar en los establecimientos agropecuarios “La Revancha e Isabelliana S.A.” y “Santa Ana”, situados a la vera de la Ruta Provincial N° 77.
Los pedidos de informe
El proyecto requiere respuestas de diferentes áreas del Ejecutivo:
Ministerio de Trabajo: intervención en el operativo, antecedentes de controles en los campos mencionados, y registro de las firmas como empleadores.
Ministerio de Gobierno y Modernización: información del Registro de Personas Jurídicas, Empresas y Contratos (RPJEC) respecto a la inscripción de las sociedades involucradas.
Ministerio de Medio Ambiente: inspecciones en relación al cumplimiento de la Ley Provincial Nº 13.372 sobre protección de bosques nativos.
Ministerio de Seguridad y Justicia: datos registrales y catastrales de los inmuebles, antecedentes de denuncias y participación de fuerzas provinciales en el operativo.
Condiciones inhumanas
Según el fundamento del legislador, los trabajadores vivían en campamentos improvisados entre árboles y vegetación, sin acceso a agua potable ni instalaciones sanitarias, y completamente incomunicados. Todos estaban afectados a tareas rurales en jornadas extenuantes y bajo condiciones infrahumanas.
El operativo contó con la intervención de la Guardia Rural “Los Pumas”, la Secretaría de Derechos Humanos y el Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a las Víctimas de Trata de Personas.
Una forma moderna de esclavitud
Palo Oliver advirtió que el caso “desnudó una realidad lejana de los centros urbanos pero vigente en la provincia, que demuestra la necesidad de un Estado presente y efectivo para evitar estas prácticas delictivas”.
En ese sentido, subrayó que “la explotación laboral como forma moderna de esclavitud implica jornadas interminables, espacios indignos y aislamiento social que transforman a los trabajadores en víctimas invisibilizadas por la ausencia o ineficiencia del Estado, o incluso por su connivencia”.
El procedimiento, ordenado por los fiscales federales Jorge Gustavo Onel, Federico Grim y Pablo Micheletti, tuvo lugar en los establecimientos agropecuarios “La Revancha e Isabelliana S.A.” y “Santa Ana”, situados a la vera de la Ruta Provincial N° 77.
Los pedidos de informe
El proyecto requiere respuestas de diferentes áreas del Ejecutivo:
Ministerio de Trabajo: intervención en el operativo, antecedentes de controles en los campos mencionados, y registro de las firmas como empleadores.
Ministerio de Gobierno y Modernización: información del Registro de Personas Jurídicas, Empresas y Contratos (RPJEC) respecto a la inscripción de las sociedades involucradas.
Ministerio de Medio Ambiente: inspecciones en relación al cumplimiento de la Ley Provincial Nº 13.372 sobre protección de bosques nativos.
Ministerio de Seguridad y Justicia: datos registrales y catastrales de los inmuebles, antecedentes de denuncias y participación de fuerzas provinciales en el operativo.
Condiciones inhumanas
Según el fundamento del legislador, los trabajadores vivían en campamentos improvisados entre árboles y vegetación, sin acceso a agua potable ni instalaciones sanitarias, y completamente incomunicados. Todos estaban afectados a tareas rurales en jornadas extenuantes y bajo condiciones infrahumanas.
El operativo contó con la intervención de la Guardia Rural “Los Pumas”, la Secretaría de Derechos Humanos y el Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a las Víctimas de Trata de Personas.
Una forma moderna de esclavitud
Palo Oliver advirtió que el caso “desnudó una realidad lejana de los centros urbanos pero vigente en la provincia, que demuestra la necesidad de un Estado presente y efectivo para evitar estas prácticas delictivas”.
En ese sentido, subrayó que “la explotación laboral como forma moderna de esclavitud implica jornadas interminables, espacios indignos y aislamiento social que transforman a los trabajadores en víctimas invisibilizadas por la ausencia o ineficiencia del Estado, o incluso por su connivencia”.

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