Palo Oliver pide explicaciones urgentes por la contaminación del río Salado y el riesgo sanitario en el consumo de pescado proveniente de sus aguas

Palo Oliver ingresó en la Cámara de Diputadas y Diputados de Santa Fe un proyecto de comunicación que pone el foco en una problemática ambiental y sanitaria de gran preocupación: la contaminación del río Salado y el arroyo Cululú. El legislador solicita al Poder Ejecutivo provincial que, a través de los ministerios competentes, brinde información detallada y urgente sobre los resultados de los monitoreos, los posibles riesgos para la salud humana y las acciones preventivas adoptadas hasta el momento.

El pedido se fundamenta en una investigación reciente del CONICET y la Universidad Nacional del Litoral (UNL), difundida por el diario El Litoral el 4 de octubre de 2025, que detectó “altas concentraciones de plaguicidas y agroquímicos —entre ellos glifosato, glufosinato de amonio y cipermetrina— en muestras musculares de sábalos recolectados en el tramo inferior del río Salado”.
En algunos casos, los niveles superan los límites internacionales recomendados para el consumo humano, lo que representa un riesgo serio para las comunidades ribereñas y pescadores artesanales que consumen habitualmente estos peces.

Oliver recuerda que no es la primera vez que se alerta sobre este escenario. Ya en 2023 se habían presentado pedidos de informes por la misma causa, pero sin respuestas concretas. “La persistencia del problema, sumada a la falta de medidas de prevención o advertencia pública, justifica sobradamente esta nueva presentación”, argumenta el legislador.

El proyecto pide precisar si se han realizado análisis propios desde 2022, los puntos de muestreo, sustancias detectadas, y qué acciones de comunicación pública se implementaron, tales como cartelería en las márgenes del río o campañas informativas sobre los riesgos del consumo de pescado contaminado.
Además, solicita conocer qué organismos tienen competencia directa en el monitoreo ambiental, si existen proyectos de remediación en curso, y qué presupuesto se ha destinado en los últimos años para el control de la cuenca.

“Resulta indispensable que el Gobierno de la Provincia informe de inmediato qué acciones está realizando para monitorear la calidad del agua y la fauna ictícola del río Salado, y adopte medidas preventivas que eviten la exposición de la población a productos contaminados”, concluye Palo Oliver.

El pedido cita los artículos de la Constitución Nacional y la Ley General del Ambiente que garantizan el derecho ciudadano a acceder a información ambiental y a la protección de la salud pública, en consonancia con el Acuerdo de Escazú.

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